Una mirada al conflicto de clases en Chile 1973-1990

Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile


08.May.09 :: Historia de la Patria Grande

La guerra es una expresión concreta de los antagonismos que existen en una sociedad dividida en clases. De la derrota política y militar debemos levantamos y seguir construyendo la alternativa popular, nuestros caídos y prisioneros no son víctimas inermes, son luchadores.



En estos últimos dos años los chilenos hemos sido testigos de algunos avances en los procesos por asesinatos y torturas durante la dictadura militar, por ejemplo las condenas de Manuel Contreras, la cúpula de la DINA y otros militares en retiro o en servicio activo. Estos hechos eran impensables a principios del período de los gobiernos civiles, ya que entonces la estabilidad del modelo dependía mucho más de la impunidad judicial del bloque político y militar que estuvo en el gobierno durante la dictadura, por lo cual ningún proceso que tocara a la “familia militar” pudo avanzar sin generar grandes contradicciones y amenazas de posible desestabilización en momentos que el modelo neoliberal no alcanzaba aún un consenso al 100 por ciento al interior de la clase política oficial (en particular dentro de la Concertación en el gobierno.

Pasados los años Pinochet abandona la jefatura del ejército, el consenso neoliberal se fortalece en el bloque gobernante, y sus preocupaciones cambian de prioridades, por lo que el llamado tema de los “derechos humanos”, es decir los juicios, pueden avanzar sin provocar las mismas crisis que en el pasado. De hecho la solución judicial favorece más la estabilidad del modelo apoyándose en la tesis de la reconciliación, la legitimación y el blanqueo de las FF.AA, y la figura de los “dos demonios” (DINA-CNI y la resistencia armada a la dictadura). Es una situación análoga a la de los años 1986-88, cuando la clase dominante y el imperialismo consideraron que sus intereses se verían mejor protegidos sin Pinochet como jefe de Estado.

El principal interés del bloque en el poder es sacar el tema de la agenda política y judicial, acelerando el fin de los procesos y buscando alguna fórmula extra judicial de “reparación” que equivalga a reconciliación, “mirar hacia el futuro” aún a costa de tener que conceder algunas condenas. En este marco los antiguos miembros de la dictadura recurren a diferentes mecanismos políticos y comunicacionales donde dicen que no sabían nada sobre los asesinatos y torturas, y a la vez dicen “asumir responsabilidades” quedándose en palabras mientras nadie se pronuncia sobre cómo van a asumirla.

En todo caso, aunque sean parciales, los avances judiciales en relación a los casos de Terrorismo de Estado no ocurrieron gracias a iniciativas de las cúpulas gobernantes (no han existido acciones legales por parte del Gobierno, quien más bien ha tenido un rol de contención de las mismas) sino a la tenaz decisión de las organizaciones de derechos humanos y de los familiares.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que esta lucha contra la impunidad ha tenido un efecto que rara vez se ha mencionado o asumido concientemente en lo político-ideológico; y es que para describir los procesos ocurridos en Chile en los años 70 y 80, los organismos de derechos humanos de la izquierda tradicional y del centro político, han utilizado -correctamente- los conceptos de genocidio, terrorismo de Estado, aniquilamiento, etc. pero a la vez (en parte por la búsqueda de justicia o la defensa de sus familiares o compañeros prisioneros) en su mayoría han negado la existencia de enfrentamiento o confrontación en ese período. Cuando la dictadura decía que “estamos en una guerra contra el marxismo”, los organismos mencionados lo negaban enfáticamente y argumentaban que era una excusa para cometer crímenes y torturas.

¿En qué se diferencia entonces la aniquilación, el genocidio, de la guerra?. La guerra implica siempre asesinato y masacre, y en Chile hubo además un Estado terrorista que la llevó adelante. Pero la noción de guerra destaca la confrontación, remite a la existencia de fuerzas en pugna.

La guerra de las FFAA chilenas

Con una tesis de guerra y una conducta consecuente con ella, las FFAA lanzaron una ofensiva profunda y de aniquilamiento.

“Aniquilar, destruir, neutralizar” son los términos empleados en cualquier guerra y están señalados sin ambigüedades en las misiones de todo plan táctico de combate. Aviones sobrevolando Santiago y bombardeando La Moneda sumían al país en un verdadero escenario bélico otorgándole al golpe militar de los chilenos una significativa diferencia con relación a todos los demás golpes militares de la época.

Desde ese mismo momento del 11 de septiembre de 1973 una ofensiva total excluía cualquier hipótesis de soluciones pacificas o negociadas. Rendición sin condiciones, es la lógica del que triunfa en una guerra, independiente a su carácter regular o irregular. No había marcha atrás ni remilgos misericordiosos para con los derrotados.

El alto grado de violencia, simultaneidad, profundidad, masividad, rapidez y hasta caóticas que fueron en sus inicios las acciones militares dejaron a muchos comunistas y socialistas como suspendidos en un asombro paralizante y sin respuestas coherentes ante un drama que jamás esperaron en esa magnitud y profundidad. Muchos no encontraban correspondencia entre el grado de amenaza que ellos estimaban que significaba el proyecto popular de Allende y la respuesta que presenciaban. No pocos fueron interrogados y torturados por el famoso “plan Z”, por el armamento, por las guerrillas, por los “15 mil cubanos mandados por Fidel”. Numerosos interrogadores parecían convencidos de estar frente a soldados y combatientes conocedores de “datos estratégicos” de su guerra.

Fueron pocos pero destacados los ejemplos de miembros del MIR y militantes socialistas y comunistas en algunos “focos de resistencia” en fábricas de los Cordones Industriales durante el golpe. Conocidas también son las críticas de los que resistían esperando armas que no podían llegar.

El “vacío histórico” de la izquierda

El golpe restableció la tranquilidad y la propiedad a los grandes capitales. Por más que durante el gobierno de la Unidad Popular se gritó a los cuatro vientos las famosas tres áreas de la economía, ello no fue suficiente para calmar a la pequeña y mediana burguesía. El terror se fabrica por quien detenta los medios de comunicación y la crisis la organiza quien detenta el poder económico.

Los resultados de las elecciones parlamentarias de 1972 apoyando mayoritariamente al Gobierno de Allende ya no respondían a los intereses del poder tradicional. La democracia burguesa y sus elecciones sirven y son “democráticas” hasta tanto sean funcional a sus intereses. Y la gran burguesía chilena otra vez actuó en consecuencia, la estructura de clases y la gran propiedad no se incluyen en ninguna elección.

El proyecto popular por esencia y definición desde 1952 hasta el año del triunfo en 1970, carecía de toda idea o posibilidad de cómo defender tales cambios en el terreno militar. Se repitió hasta el convencimiento pleno: la vía chilena al socialismo podía ser no armada. “Correlación de fuerzas y lucha de masas” eran categorías que concentraban la dirección principal. Y estos conceptos se debatían hasta la saciedad pero en definitiva ningún partido -como algunos creían- estaba aparentando para resguardar planes militares ultra secretos. “No a la guerra civil” fue una de las últimas consignas que guiaron a su militancia y sectores populares. No había la más mínima capacidad de resistir a tan brutal y profundo golpe. Los partidos populares conductores del proyecto de la “vía chilena al socialismo” no podían en ese entonces conducir, responder u organizar una guerra. Múltiples son los argumentos que sustentan esta realidad, pero creemos que en última instancia, no podrían hacerlo básicamente porque el proyecto de la Unidad Popular no contemplaba dicha variante, no podían estar preparados ni preparar al pueblo para defenderse en esa guerra pues nunca de manera oficial y planificada se contempló tal posibilidad. No existía una concepción política, ni militar, ni estratégica que contemplara a la guerra como un medio necesario y predecible en el camino de la revolución. Años más tarde muchos socialistas y comunistas aprenderían que una respuesta en ese terreno debía pasar por un cambio radical en las bases del proyecto y por una prolongada y compleja preparación multilateral de todos los partidos y los sectores populares que participaron del Gobierno Popular. Cuando muchos avizoraban el golpe en 1973 ya no había tiempo para tan profundo cambio y de todas maneras aún se carecía de tales ideas. En realidad en ese entonces sólo quedaba hacer lo que se hizo, resistir el golpe de aniquilamiento a los partidos y organizaciones sociales y reorganizar un funcionamiento básico en medio de increíbles y complejas condiciones.

Entonces, las responsabilidades del golpe y sus consecuencias también abarcan a los partidos populares conductores de esa singular “vía chilena al socialismo” apreciaron a un país distinto, a unas fuerzas armadas que no eran lo que suponían, a partidos políticos “democráticos” que escondían su anti-democracia, a una derecha con histórica tradición de violencia, competente y capaz de las más infinitas crueldades si se trata de mantener el poder. Apreciar un país que no era, determinó un proyecto erróneo por definición. Se podía conquistar parte del poder político más no se podía predecir ni remotamente el insospechado escenario que se dibujó en el país a partir de septiembre de 1973. Los ideólogos de aquel proyecto no podían protegerse ni enseñar a proteger la integridad física ni los sueños y esperanzas de parte importante de la población y sus dirigentes. Allí está parte de la cuota de responsabilidad de los conductores de un proyecto derrotado.

El elemento militar en la lucha

Debieron pasar más de diez años posterior a 1973 para que la izquierda chilena exhibiera una relativa capacidad operativa.

Largo fue el camino y no pocas contradicciones para llegar a los singulares conceptos de “Todas las formas de lucha”, “violencia aguda”, “autodefensa de masas”. Eran los tiempos de la “rebelión popular de masas”, del “desmoronamiento de las FFAA” ojalá con “parte de ellas que extirparían a los sectores más fascistas”.

Por ejemplo, en el caso del PC de Chile, una Comisión Militar fue la respuesta orgánica y coherente con los nuevos lineamientos. Una comisión con su especial carácter, pero una comisión. En papeles de algunos especialistas quedaría olvidada la idea de organizar y preparar un partido para la guerra. Se le subordinaban dos grandes estructuras más otras de aseguramiento. Una de ellas fue el Trabajo Militar de Masas que se organizó paralelamente y subordinado a toda la estructura piramidal del PCCh.

Relevante y poco reconocido fue su papel en la organización y en la defensa de los barrios populares. Fue el principal instrumento de conducción “paramilitar” del PCCh durante las jornadas de protesta bajo una idea rectora: la legitimidad del pueblo a defenderse. Sus mejores años 1985 y 1986. Sus principales armas eran la organización y planificación en la población en cada jornada de protesta con la incorporación de parte importante de los pobladores independiente a su militancia política. Sus medios de combate eran los obstáculos, el fuego de neumáticos y las bombas molotov. Las escopetas industriales o caseras y las armas cortas fueron la excepción. Nunca sus armas y el nivel de organización superaron el carácter de una barricada popular defensiva. En contados lugares y ocasiones la defensa de alguna población duró un poco más que la convocatoria.

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez

El FPMR fue la otra gran estructura y mucho más conocida es su historia por su carácter y por lo espectacular de sus acciones.

Era la fuerza militar propia del PCCh. Durante su vida dentro del Partido Comunista su misión principal fue desarrollar acciones especiales siempre en apoyo a la lucha de masas. Sus acciones operativas más relevantes fueron de 1984 en adelante.

Posterior a su separación del PCCh a fines de 1987, el FPMR se plantea por primera vez una estrategia de “Guerra Patriótica Nacional” que no logró rebasar el marco de acciones operativas urbanas.

El Plan de la Sublevación Nacional

En todo este apretado resumen el momento más sobresaliente fue la idea del “Plan de la Sublevación Nacional” que concebía a todo un pueblo saliendo organizadamente de sus barrios y copando los principales centros neurálgicos de donde dependía la estabilidad del régimen, mientras el FPMR con sus fuerzas especiales daría golpes sensibles a las fuerzas represivas en movimiento. Siempre contando con el quiebre de las FFAA ante tan abrumadora “correlación de fuerzas favorables”, el plan más que “sublevación” tenía visos de “Insurrección”, aunque nunca ni en documentos alguno adquirió tal categoría. Nunca se habló de la toma del poder, de aniquilamiento o derrota de las FFAA. Todo apuntaba a restablecer un orden democrático extirpando al tirano y a limpiar de fascistas las instituciones nacionales. Una Asamblea Constituyente restablecería la vida y organizaría el futuro de Chile.

Fue lo más avanzado que lograron impulsar los sectores más radicalizados del PCCh en medio de una permanente y a veces franca lucha ideológica. Pero toda la intención quedaría en algunos pocos, en el plan y en la idea.

Julio, agosto y septiembre de 1986

El “punto de quiebre” para todas las fuerzas involucradas en el conflicto fue la impresionante y masiva jornada de protesta del 2 y 3 de julio, el intento de ajusticiamiento al dictador y el fallido ingreso de armas de Carrizal. Todos acontecimientos ocurridos apenas en menos de tres meses del año 1986 y de relevancia capital para el probable curso de los acontecimientos.

Todos atisbaron, -incluyendo a los gobernantes del norte como lo señalan los recientes documentos desclasificados- que de continuar por ese camino, con tal capacidad de movilización, con tales posibilidades de armar a numerosos contingentes, con “tal correlación de fuerzas políticas tan dispares unidas en aquellas jornadas de protestas”, la estabilidad del sistema estaba en peligro.

Las “fuerzas políticas democráticas” debían encontrar una solución inmediata, el dictador ya había cumplido con creces su cometido; su permanencia por ocho años más en el poder iba a ser el mejor argumento para unificar y potenciar la lucha de un amplio abanico de fuerzas reunidas tras un único objetivo: la salida, expulsión o derrota del dictador.

En ese imaginable escenario las fuerzas revolucionarias en general y el PCCh en particular podían llegar a ser las hegemónicas.

La ingeniería política, la capacidad y voluntad de poder de la clase política, más increíbles presiones venidas desde el norte, lograrían sus objetivos. A pesar de grandes contradicciones secundarias, los diversos partidos burgueses lograron el consenso y ganaron. Conocido es el resto de la historia y la debacle general de las fuerzas de izquierda que por segunda vez fueron claramente derrotadas a pesar de ser quienes más hicieron por el término de la dictadura. Está demás argumentar que fue una derrota política.

En todo este proceso hay que destacar que hasta 1984 la casi totalidad de las “victimas” del conflicto fueron de un solo “bando”. Durante más de 10 años las FFAA “guerrearon” contra un pueblo mayoritariamente desarmado o desorganizado.

En las acciones operativas posteriores a 1980 que primero desarrollaría el MIR y posterior a 1983 el FPMR y el MAPU-LAUTARO la inmensa mayoría de sus objetivos son connotados responsables de violaciones atroces. Los escasos secuestrados que retuvo el Frente siempre regresaron sanos y salvos donde sus familiares. No se les tocó ni un pelo. Muchos de los secuestrados de “este bando” hasta hoy yacen en algún lugar del fondo del mar. Los que no eran un ejército regular respetarían las reglas de la guerra que fueron sistemáticamente violadas por las fuerzas armadas del Estado.

Recapitulando, en 1973 se impuso la guerra, el uso de la violencia reaccionaria en contra de un proyecto popular y no armado que pretendía modificar el sistema empleando sus propias reglas del juego. El hecho de que el sector agredido no estuviera preparado política, ideológica y materialmente para el conflicto no niega la existencia del mismo.

Múltiples son y serán las lecciones que nos lega esta historia pero si en el futuro la mayoría de los chilenos quisieran otra vez una “vía chilena al socialismo” o cualquier proyecto semejante, no les bastará con solo votar y llenar las calles en marchas combativas. Si hipotéticamente se llegara algún día a ganar las elecciones con un proyecto similar, es lo más probable que asistamos a otra “gran guerra” de las FFAA de Chile.

En el futuro no se puede otra vez amenazar tanto al poder establecido sin tener como defenderse de sus necesarias y lógicas respuestas y así garantizar la continuidad y estabilidad de un proyecto popular.

En síntesis, si para analizar lo ocurrido en los últimos 30 años negamos la existencia de fuerzas materiales que se enfrentaron (independientemente a su tamaño y capacidad concreta), son las fuerzas armadas legales las únicas que aparecen reconocidas con claridad. Pueden caracterizarse como crímenes las acciones cometidas, o como se ha querido hacer ver por algunos, atribuirles “excesos” represivos, pero en ningún caso se cuestiona mayormente la legitimidad del monopolio de la violencia por parte del Estado. La fuerza aparece estando de un solo lado. La represión, o el genocidio, se habría aplicado sobre un pueblo totalmente desarmado, moral y materialmente. En el pueblo habría víctimas, no luchadores o combatientes.

Esta representación de los hechos, una suerte de modelo de no confrontación, es quizás las más difundida y legitimada por las cúpulas políticas tradicionales y muchas de las organizaciones de derechos humanos, y se originó en los peores momentos de la represión estatal en los años 70.

Existe otro modelo que también ha sido difundido por estos mencionados sectores, reduce el tema a una guerra entre aparatos armados. Esta visión estrecha impide reconocer la totalidad de la fuerza social a la que pertenece cada fuerza armada. Esta conceptualización tiene su precio como en el caso anterior, son las Fuerzas Armadas legales las únicas que aparecen en los hechos legitimadas en sus acciones, aunque se reconozca que cometieron crímenes (responsabilidades individuales, no institucionales se dijo). El sector social del cual formaron parte ejecutora y visible las FF.AA. hoy aparece legitimado en todos los ámbitos del poder económico, político, jurídico y social, es decir la Derecha y parte de la Concertación.

Otro modelo muy difundido consiste en la negación de toda lógica a las fuerzas en pugna. Esto conduce a definir en cada uno de los bandos una vocación de violencia irracional. Es la tesis ya mencionada de los dos demonios cuya confrontación aparece como una locura.

Si ampliamos la mirada hacia la totalidad de cada una de las fuerzas sociales, sin limitarnos al elemento armado de la lucha, es posible recuperar una lógica de los enfrentamientos en la sociedad. Lo ocurrido en los años 70 y 80 del siglo pasado fue la forma cruenta que asumió la lucha de clases en Chile, una guerra donde hubo pocos combates en el sentido convencional, pero donde los resultados advierten que hubo un sector político y social derrotado, del cual somos parte.

Conclusiones

La guerra es una expresión concreta de los antagonismos que existen en una sociedad dividida en clases. De esta realidad histórica se desprende la necesidad de comprender los fines de la guerra sucia de la dictadura, quiénes estuvieron detrás de ella y quiénes la dirigieron.

Al referirnos a la guerra que la dictadura ha declarado, es necesario reflexionar también sobre su carácter, como una guerra de opresión dirigida no hacia fuera sino hacia adentro de los límites del país, es decir, una guerra injusta con el fin de mantener y proyectar un régimen de explotación por medio del poder político y militar reaccionario.

Además de lo anterior, el hablar de “la guerra de la dictadura” significa reconocer un estado de guerra, el cual existe y, entendemos fue declarado no por las fuerzas populares sino por la propia dictadura. Un estado de guerra que soportamos por 14 años, con muchos caídos de por medio, asesinados sin siquiera alcanzar a darse cuenta que se nos había declarado una guerra y sin posibilidades de defenderse. En palabras simples, vivimos un estado de guerra declarado por la dictadura en contra de todas las fuerzas populares y democráticas.

Uno de los estudiosos de la guerra, Clausewitz, escribió que ésta, la guerra, es la continuación de la política por otros medios, lo cual quiere decir que la guerra no es una simple agresión pasajera o improvisada, que altera la paz por un período y que luego de terminada borrón y cuenta nueva. La guerra, y esta guerra en particular, la que la dictadura nos declaró en 1973, tiene sus raíces, sus razones y sus consecuencias, ligadas a la esencia del principal promotor de este tipo de conflictos bélicos en nuestra América: el imperialismo norteamericano, quien la ejecuta en Chile por medio de la dictadura.

Entendiendo así las cosas, vivimos un período caracterizado por la ejecución de una guerra injusta, donde el principal fin es el aniquilamiento de las fuerzas populares, de sus organizaciones políticas y sociales. A la luz de esta situación objetiva, la respuesta armada del pueblo y sus destacamentos tiene su raíz principal en la política de la clase trabajadora, oprimida y explotada; en la mayoría de los chilenos, quienes deseamos y trabajamos para terminar con la injusticia social, para terminar así con la dictadura, la cual engendra el peligro no sólo de la guerra entre los chilenos sino que el peligro de una guerra entre pueblos hermanos.

De la derrota política y militar debemos levantamos y seguir construyendo la alternativa popular, nuestros caídos y prisioneros no son víctimas inermes, son luchadores que asumieron conciente y responsablemente una opción que tiene sus costos incluyendo la vida y la libertad. La única reivindicación a la altura de este costo es ser consecuentes y continuar en la senda de la lucha por la transformación radical de esta sociedad.

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